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La Comisión Â鶹´«Ã½ de Comercio (Â鶹´«Ã½ Trade Commission, FTC) le ha solicitado a un juez de una Corte Â鶹´«Ã½ de Distrito que ordene el cese de las prácticas presuntamente ilegales de CTA, un importante distribuidor de tarjetas telefónicas prepagadas que opera en todo el país. Solamente en el último trimestre de 2007, las ganancias obtenidas por CTA en concepto de ventas de tarjetas telefónicas prepagadas superaron los 28 millones de dólares. La FTC imputa cargos contra CTA por representar falsamente la cantidad de minutos de llamadas que obtienen los consumidores, por no informar que se debitarán cargos a las tarjetas de los consumidores independientemente de que la llamada se conecte o no y por cobrar cargos ocultos o no declarados.

De acuerdo a la FTC, CTA es un participante clave de la industria de tarjetas telefónicas prepagadas que vende tarjetas por un valor aproximado de 4,000 millones de dólares por año – fundamentalmente a inmigrantes que están buscando una manera fácil y económica de comunicarse con sus amigos y familiares que viven en el extranjero. CTA vende tarjetas con diferentes denominaciones que van desde $2 a $20 y bajo distintos nombres, y posee tarjetas que pueden ser utilizadas para llamar a cientos de países que abarcan desde Albania hasta Zimbabwe. CTA también vende tarjetas para hacer llamadas dentro de Estados Unidos.

La FTC presentó cargos contra CTA alegando que la compañía entrega afiches en los pequeños puntos de venta ubicados en gasolineras, almacenes, tiendas y puestos de periódicos y revistas en los cuales se ofrecen las tarjetas. En los afiches se anuncia la cantidad de minutos de llamadas y se promocionan tarifas “sin cargos de conexión”. Pero los consumidores que usan las tarjetas de llamadas no reciben la cantidad de minutos publicitados. Por ejemplo, en la demanda de la FTC se indica que con una tarjeta para la cual se anuncia un período de tiempo telefónico de 40 minutos para llamar a El Salvador, la llamada se corta luego de haber hablado solamente

27 minutos. Cuando se utiliza una tarjeta para la cual se anuncian 30 minutos para llamar a Egipto, la llamada se corta luego de un poco más de 10 minutos.

Tanto en los afiches como en las mismas tarjetas de CTA las referencias a los cargos aparecen en términos ambiguos y en una tipografía diminuta. En los afiches que exhiben los nombres de los países y los minutos de llamadas en una tipografía de 32 puntos se identifican los cargos y costos en la parte inferior del afiche en una tipografía de aproximadamente cinco puntos utilizando un texto que dice:

“Para determinadas destinaciones el tiempo de las llamadas se deduce en incrementos de tres minutos. Se pueden aplicar cargos por servicio. Las llamadas efectuadas a teléfonos móviles pueden ser facturadas a tarifas más altas. Cuando se efectúe una llamada a una línea de acceso gratuito desde un teléfono público se aplicará un recargo de $.65 por llamada. La aplicación de sobrecargos, cargos y demás costos puede reducir el total de minutos de una tarjeta. Se pueden aplicar cargos de mantenimiento. Esta tarjeta no tiene valor de efectivo y no es reembolsable. Los precios y cargos están sujetos a cambios sin previo aviso”.

En la demanda se señala que las tarjetas de llamadas propiamente dichas tienen aproximadamente 27 renglones de información sobre cargos y costos, y que debido a que el texto está escrito en una tipografía de entre dos y cuatro puntos resulta casi ilegible. La declaración informativa incluida en la tarjeta dice parcialmente lo siguiente:

“Todos los cargos y tarifas varían y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las llamadas internacionales a teléfonos celulares son más altas . . . Las llamadas se debitan de la tarjeta en incrementos de entre tres y seis minutos. Dependiendo de la duración de la llamada, después de cada llamada se puede aplicar un cargo de conexión de entre 25 centavos y dos dólares y un recargo adicional del veinte por ciento . . . Se pueden aplicar cargos por servicio”.

Ni en los afiches publicitarios ni en las tarjetas de llamadas se informa a los usuarios que aunque no se pueda completar la llamada de todas maneras se debitarán cargos a la tarjeta.

La FTC ha solicitado a la corte que ordene el cese de las prácticas engañosas a la espera del juicio y que designe un veedor para supervisar las actividades del negocio. La agencia también procurará que se expida una orden judicial para obligar a los demandados a devolver las ganancias mal habidas.

En la demanda de la FTC se cita como imputados a Clifton Telecard Alliance One LLC, en ejercicio del comercio bajo el nombre de Clifton Telecard Alliance y CTA, Inc., y a su directivo Mustafa Qattous.

El resultado de la votación de la Comisión a favor de la presentación de la demanda fue 5-0. La demanda fue presentada ante la Corte Â鶹´«Ã½ del Distrito de New Jersey.

Este caso fue entablado con la invalorable ayuda de la Defensoría del Consumidor de El Salvador, Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Autoridad de Protección del Consumidor de Egipto, Procuraduría Â鶹´«Ã½ del Consumidor (PROFECO) de México, Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú.

NOTA: La Comisión presenta una demanda cuando existe una “razón para creer” que la ley ha sido o está siendo violada y cuando la Comisión considera que un procedimiento es de público interés. La demanda no es un fallo o sentencia respecto de la violación efectiva de la ley por parte del demandado. El caso será decidido por la corte.

La FTC trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales y para proveer información de utilidad al consumidor con el objetivo de identificar, detener y evitar dichas prácticas. Para presentar una queja o para obtener información gratuita sobre temas de interés del consumidor visite ftc.gov/consumidor o llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357); TTY: 1-866-653-4261. La FTC ingresa todas las quejas relacionadas a fraudes de Internet y sistema de telemercadeo, robo de identidad y otras quejas sobre prácticas fraudulentas a una base de datos segura llamada Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que se encuentra a disposición de cientos de agencias de cumplimiento de las leyes civiles y penales en los Estados Unidos y en el extranjero.