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Cuatro operaciones separadas responsables de bombardear a consumidores de todo el país con miles de millones de llamadas automáticas pre-grabadas indeseadas e ilegales efectuadas para promocionar garantías para carros, servicios de alivio de deuda, sistemas de seguridad residenciales, falsas organizaciones de caridad y servicios de resultados de búsquedas en Google han aceptado resolver los cargos de la Comisión �鶹��ý de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) por infringir la Ley de la FTC y la Regla de Ventas de Telemercadeo (TSR) de la agencia, incluidas las disposiciones del Registro No Llame.

Los acuerdos resolutorios forman parte del esfuerzo continuo llevado a cabo por la agencia para combatir el flagelo de llamadas automáticas pre-grabadas ilegales. Bajo los términos de las órdenes judiciales anunciadas hoy, a los demandados se les prohíbe efectuar llamadas automáticas pre-grabadas y la mayoría de las actividades de telemercadeo, incluidas aquellas en las que se usan sistemas de marcado automático, y se les aplica una sentencia monetaria considerable. El demandado de uno de estos casos proveyó la plataforma software que dio lugar a más de mil millones de llamadas automáticas pre-grabadas o robocalls.

Andrew Smith, Director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC, dijo al respecto: “Hemos traído docenas de casos dirigidos a llamadas ilegales, y luchar contra llamadas no deseadas sigue siendo una de nuestras prioridades más altas. También tenemos excelentes consejos sobre los servicios de bloqueo de llamadas y sobre cómo reducir las llamadas no deseadas en .”

A continuación, se describe cada uno de los acuerdos propuestos:

NetDotSolutions (James Christiano)

En junio de 2018, la FTC presentó una demanda para procurar que se ordenara el cese de dos operaciones relacionadas y sus directivos que facilitaron miles de millones de llamadas automáticas pre-grabadas dirigidas a consumidores de todo el país para promocionar todo tipo de cosas, desde garantías para carros hasta sistemas de seguridad residenciales y supuestos servicios de alivio de deuda. De acuerdo a los términos de la demanda, James “Jamie” Christiano y las compañías bajo su control operan “TelWeb,” una plataforma informática de marcado telefónico que se puede usar para descargar un gran volumen de llamadas telefónicas ‒‒ especialmente llamadas automáticas pre-grabadas ‒‒ en un breve período de tiempo.

Durante varios años, Christiano tuvo una relación comercial con Aaron Michael Jones, un “robocaller” reincidente que fue indiciado en demandas entabladas por la FTC en 2017 y 2018. El acceso a TelWeb para la mayoría, sino todas, las llamadas de telemercadeo realizadas mediante la plataforma, fluyó a través de Jones y sus socios comerciales, incluido Andrew “Andy” Salisbury, en su condición de revendedores.

La FTC indició a dos de las compañías de Christiano en su demanda. NetDotSolutions, Inc. le autorizó a Jones y a sus clientes el uso del software que les permitió efectuar las llamadas automáticas pre-grabadas con ese sistema de marcado automático. TeraMESH Networks, Inc. le alquiló a Jones el espacio para instalar el servidor de computadoras que permitió alojar, mantener y actualizar el software TelWeb. La FTC alegó que, a través de TelWeb, la operación de Jones bombardeó a los consumidores con más de mil millones de llamadas automáticas pre-grabadas anuales.

En base a la conducta alegada, la FTC acusó a Christiano, NetDotSolutions y TeraMESH de asistir y facilitar: 1) llamadas automáticas pre-grabadas ilegales, 2) llamadas a números de teléfono inscritos en el Registro No Llame, 3) llamadas con identificadores manipulados y 4) el abandono de llamadas respondidas por consumidores a través del sistema TelWeb.

En la demanda de la FTC también se acusó a Salisbury y a tres de sus compañías por iniciar u ocasionar la iniciación de:1) llamadas con mensajes pre-grabados ilegales, 2) llamadas a números de teléfono inscritos en el Registro No llame y 3) llamadas con identificadores manipulados. En la demanda también se los acusó de asistir a otros y facilitar infracciones de la Regla de Ventas de Telemercadeo (TSR).

Las cuatro órdenes judiciales u órdenes judiciales propuestas anunciadas hoy resuelven los cargos de la FTC contra todos los demandados de este caso, excepto uno. La primera orden propuesta es contra Christiano, NetDotSolutions y TeraMESH. La orden les impone una prohibición a estos demandados que los inhibe de comprometerse o permitir que otros se comprometan en actividades de telemercadeo por medio del uso de un sistema de marcado telefónico automático, y les impide asistir a otros para que se comprometan en actividades de telemercadeo brindándoles acceso a un marcador automático. La orden también les prohíbe infringir la Regla de Ventas de Telemercadeo (TSR) y les impone una sentencia de $1.35 millones de dólares pagadera a la Comisión.

Las otras órdenes contra los demandados Salisbury, World Connection, LLC y World Connection, S.A. les imponen una prohibición permanente a estos demandados que los inhibe de efectuar llamadas automáticas pre-grabadas o asistir a terceros para que las hagan y les prohíbe incurrir en prácticas abusivas de telemercadeo, incluyendo infringir las disposiciones de la TSR.

Las órdenes contra Salisbury y World Connection, S.A. imponen sentencias en su contra por $2.7 millones de dólares; la orden contra World Connection, LLC impone una sentencia de $1 millón de dólares. La sentencia contra Salisbury quedará parcialmente suspendida luego de un pago a la Comisión de $50,000. Las sentencias contra las compañías quedan completamente suspendidas debido a su incapacidad de pago.

El resultado de la votación de la Comisión para aprobar las cuatro órdenes acordadas fue 5-0. La FTC presentó la orden propuesta contra Christiano, NetDotSolutions y TeraMESH ante la Corte �鶹��ý de Distrito para el Distrito Central de California. Previamente, esta misma corte aprobó las órdenes acordadas contra los otros demandados. La FTC ha solicitado que se expida una sentencia en rebeldía por incomparecencia contra el demandado restante, World Connection USA, LLC.

Higher Goals Marketing

De acuerdo a la demanda de la FTC, los demandados de Higher Goals Marketing usaron llamadas automáticas pre-grabadas ilegales para contactar a los consumidores y promocionar falsos servicios de alivio de deuda. Les garantizaron a los consumidores que podrían reducir de manera considerable y permanente las tasas de interés sus tarjetas de crédito, y que se ahorrarían miles de dólares en pagos por intereses. En realidad, el esquema rara vez, o nunca, pudo cumplir con los resultados prometidos. En la demanda también se alegó que los demandados establecieron el esquema de alivio de deuda pocas semanas después de que se expidiera una orden judicial para clausurar una operación de telemercadeo similar conocida como Life Management Services, en la cual habían trabajado varios de los demandados.

La orden judicial de carácter final anunciada hoy les impone una prohibición permanente a los demandados Brandun L. Anderson, Lea A. Brownell, Melissa M. Deese, Gerald D. Starr, Jr., Travis L. Teel, Wayne T. Norris y Sunshine Freedom Services que los inhibe de participar en el sector de telemercadeo y servicios de alivio de deuda. La orden también impone una sentencia de $3.15 millones de dólares contra los demandados, conjunta y solidariamente, que quedará suspendida luego de que entreguen todos sus activos disponibles.

El resultado de la votación de la Comisión para aprobar la orden acordada fue 5-0. La orden resuelve los cargos de la FTC contra todos los demandados de este caso, excepto uno, Higher Goals Marketing, LLC; la FTC está procurando que se expida una sentencia en rebeldía por incomparecencia contra este último demandado.

La FTC entabló el caso ante la Corte �鶹��ý de Distrito para el Distrito Medio de Florida, División Orlando, y el juez expidió la orden de carácter final en fecha 18 de marzo de 2019. La FTC agradece la colaboración brindada en este caso por la División de Protección del Consumidor del Departamento de Asuntos Legales de la Oficina del Fiscal General de Florida, y el Departamento de Agricultura y Servicios para Consumidores de Florida.

Veterans of America

En la demanda contra Veterans of America (VOA), anunciada en julio de 2018 como parte de una redada de cumplimiento de la ley contra las estafas de caridad llevada a cabo conjuntamente con autoridades locales y estatales, llamada “Operación Donar con Honor”, se alegó que Travis Deloy Peterson usó falsas organizaciones de caridad para veteranos y llamadas automáticas pre-grabadas ilegales para que la gente donara carros, embarcaciones y otros objetos de valor que luego vendió para su propio beneficio.

El esquema usó varios nombres, entre los que se incluyen Veterans of America, Vehicles for Veterans LLC, Saving Our Soldiers, Donate Your Car, Donate That Car LLC, Act of Valor y Medal of Honor. Presuntamente, Peterson efectuó millones de llamadas automáticas pre-grabadas pidiéndole a la gente que donara automóviles, embarcaciones, bienes inmuebles y unidades de tiempo compartido declarando falsamente que sus donaciones serían destinadas a organizaciones de caridad relacionadas con veteranos y que dichas donaciones eran deducibles de impuestos. En realidad, ninguno de los nombres que se usaron en las llamadas automáticas pre-grabadas correspondía al de ninguna organización de caridad auténtica exenta de impuestos.

La orden propuesta que resuelve los cargos de la demanda de la Comisión, establece una prohibición de carácter permanente contra Peterson que le impide solicitar contribuciones de caridad y también le prohíbe efectuar tergiversaciones a través de actividades de telemercadeo o por otros medios que impliquen: 1) que una entidad identificada como potencial destinataria de fondos es una organización de caridad; 2) que una contribución de caridad a una entidad identificada como destinataria es deducible de impuestos y 3) cualquier otro hecho material relacionado con el pedido de dinero a consumidores.

La orden también impone una prohibición contra Peterson que le impide efectuar llamadas automáticas pre-grabadas, le prohíbe incurrir en prácticas de telemercadeo engañosas y abusivas y le impone una sentencia monetaria de $541,032.10 dólares en su contra que quedará suspendida luego de que le entregue a la FTC una cantidad considerable de activos, entre los que se incluyen 88 vehículos. El resultado de la votación de la Comisión para aprobar la orden acordada propuesta fue 5-0. La FTC presentó la orden propuesta ante la Corte �鶹��ý de Distrito para el Distrito de Utah.

Pointbreak Media

En mayo de 2018, la FTC acusó a este esquema con sede en Florida de engañar a propietarios de pequeños negocios declarando falsamente que representaba a Google, amenazándolos falsamente con quitar los nombres de los pequeños negocios de los resultados de búsquedas en Google, declarando falsamente que podría relacionar palabras clave con estos negocios y prometiéndoles falsamente un primer lugar o una publicación en la primera página de los resultados de búsquedas en Google.

En la demanda de la FTC se alegó que los demandados no tenían ninguna relación con Google, a pesar de afirmar que eran “proveedores de servicios de datos” de Google o “agencias autorizadas de Google My Business”. Además, los demandados bombardearon a los consumidores con llamadas automáticas pre-grabadas. Los telemercaderes de la compañía les dijeron falsamente a los consumidores que presionaron el número uno que podrían evitar que quitaran el nombre de sus negocios de los resultados de búsquedas en Google únicamente si les pagaban a los demandados un cargo único de entre $300 y $700. Y les dijeron que, en caso contrario, sus negocios serían etiquetados como “permanentemente cerrados”.

Los siguientes demandados ahora han aceptado someterse a los acuerdos resolutorios que, a la espera de la aprobación de la corte, resolverían las alegaciones de la demanda enmendada de la FTC: 1) Michael Pocker, Modern Spotlight LLC, Modern Spotlight Group LLC y Modern Internet Marketing LLC; 2) Steffan Molina, Perfect Image Online LLC y Pinnacle Presence LLC y 3) Ricardo Diaz. Los acuerdos propuestos contienen medidas cautelares y monetarias que tienen la intención de subsanar la conducta ilegal alegada en la demanda.

Las órdenes propuestas contra Pocker y Molina y sus compañías establecen una prohibición en su contra que les impide incurrir en las prácticas de ventas engañosas indicadas en la demanda, incluyendo la tergiversación de hechos materiales a los consumidores. Las órdenes también imponen una prohibición contra los demandados que les impide efectuar llamadas automáticas pre-grabadas y llamar a números de teléfono inscritos en el Registro No Llame, y les exige revelar su identidad a los consumidores durante sus llamadas de ventas a través del sistema de telemercadeo.

La orden de Pocker impone una sentencia en su contra de $1.93 millones de dólares y una sentencia de $3.62 millones de dólares contra sus compañías. Ambas sentencias quedarán suspendidas luego de que Pocker le pague más de $18,000 a la FTC. La orden de Molina impone una sentencia en su contra de $1.72 millones de dólares y una sentencia de $3.64 millones de dólares en contra de sus compañías. Ambas sentencias quedarán suspendidas después de que los demandados entreguen $103,000.

La orden propuesta contra Diaz contiene las mismas medidas cautelares por la conducta incurrida que las órdenes contra los demandados Pocker y Molina, con limitadas excepciones. La orden impone una sentencia de $1.81 millones de dólares contra Diaz, que quedará parcialmente suspendida luego del pago de $690,817 dólares.

El resultado de la votación de la Comisión para aprobar las órdenes acordadas propuestas fue 5-0. La FTC presentó las órdenes propuestas ante la Corte �鶹��ý de Distrito para el Distrito Sur de Florida, y las órdenes no entrarán en vigor hasta que sean aprobadas por la Corte. El litigio contra el resto de los demandados continúa en curso.

Los consumidores que están buscando información sobre maneras de limitar a las llamadas automáticas pre-grabadas ilegales pueden .

NOTA: Las órdenes acordadas de carácter final adquieren fuerza de ley cuando son aprobadas y firmadas por el juez de la Corte de Distrito.

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